La Ley de Segunda Oportunidad constituye un recurso jurídico que brinda a los particulares y emprendedores la posibilidad de reestructurar o incluso liquidar sus deudas y superar así la desagradable situación de insolvencia.

Pueden acogerse a la ley de Segunda Oportunidad las personas físicas, particulares o autónomos que necesiten liquidar sus deudas.

• Haber intentado llegar a un acuerdo de pagos antes de proceder legalmente.
• Pagar los créditos prioritarios durante el proceso.
• No haber sido declarado culpable en el concurso de acreedores.
• No haber sido condenado por delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social, Falsedad Documental entre otros, en los últimos diez años.

Aunque la Ley requiere la liquidación de todos los activos en ciertos casos de concurso, como último recurso, la vivienda habitual puede ser excluida si está hipotecada y su valor es igual o menor al saldo del préstamo, y si se han cumplido regularmente los pagos mensuales de la hipoteca.

La Ley de Segunda Oportunidad fija un límite de 3 meses para el acuerdo extrajudicial de pagos, pero no establece un plazo definido para el concurso, ya que su duración varía según diversos factores como la eficiencia judicial y el volumen de activos. Sin embargo, en general, la mayoría de los procedimientos suelen concluir en menos de un año, según nuestra experiencia.

Cuando se aprueba un acuerdo o se obtiene el BEPI, se resuelve la morosidad. Después de notificar a los listados pertinentes, estos eliminan la inscripción.

La tramitación del proceso de la Ley de Segunda Oportunidad  puede llevarse tanto de manera presencial como online.